Tiranicidio Constitucional

Guillermo CasanoLva

La doctrina del Tiranicidio es, desde el punto de vista filosófico, tan antigua como el hombre mismo. Pero fue la expulsión de los Jesuitas de España de 1767, la que le dio cuerpo.

En su esencia, se hacen merecedores de su aplicación, quienes en la conducción de los destinos colectivos se comportan con adecuación a lo que se define como tirano.

+Y un Tirano según la definición de la RAE es: “Una persona que obtiene contra derecho el gobierno de un Estado , especialmente si lo rige sin justicia y a medida de su voluntad”

Y ampliado, “dícese del que es una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que, simplemente, del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario”

En lo político, “un tirano es un gobernante que ejerce un poder absoluto sin restricciones legales a menudo de forma cruel y opresiva. También puede referirse a alguien que usurpa el poder o gobierna sin legitimidad”

Si consultamos a las millones de víctimas del régimen chavista, estamos seguros que el 99% de ellas identificarían con esta definición a Nicolás Maduro Moros.

Sin embargo, la Constitución dentro de una sociedad democrática, tiene los mecanismos para que los ciudadanos, mediante el uso de procesos electorales transparentes y legítimos, puedan desembarazarse de los tiranos.

No obstante, los tiranos en su conducta absolutista, no sólo se apoderan de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo, judicial, de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado. También destruyen la posibilidad de que a través de los mecanismos electorales, los ciudadanos puedan amenazar su permanencia en el poder.

Controlan los órganos que se encargan de la ejecución de estos procesos, colocando personas afines en su dirección, poniendo las condiciones en las que estos procesos se realizan, inhabilitando candidatos opositores, manipulando los resultados electorales ejecutando fraudes o simplemente desconociéndolos.

Y esto es lo que le ha ocurrido a la sociedad venezolana, que después de los 40 años de democracia vividos entre 1958 y 1998, todavía cree firmemente que la salida electoral es posible. Eso, lejos de ser un defecto, es una virtud, que evidencia la madurez de un pueblo, que después de muchos avatares en dos siglos de historia republicana, sabe escoger los caminos más civilizados para solucionar sus conflictos políticos y sociales.

Por ello hay momentos en los que hasta estas mismas opciones se cierran y hacen naufragar la República en manos de una organización criminal, que dirigida por un Tirano, no se inhibe en la comisión de los peores crímenes identificados en el Estatuto de Roma, como Crímenes de Lesa Humanidad.

Y es justamente en estos momentos, en los que deja de tener vigencia la propia Constitución, la Ley de leyes, cuando ella misma nos da las vías para actuar, que no son otras que las disposiciones contenidas en los artículos 333 y 350 de la Constitución Venezolana, en sus Títulos VIII y IX:

Título VIII Capítulo I . De la Garantía de esta Constitución:

Artículo 333 Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Para rematar, con lo dispuesto en el:

Titulo IX, Capítulo III, artículo 350 ejusdem:

Artículo 350 El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Es decir, es la propia Constitución la que nos dice que la solución está en nuestras manos, la que nos impone “tendrá el deber” (obligación) de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia, señalando un camino abierto, sin restricción de ningún género.

La Constitución no nos dice cómo. Eso es asunto nuestro. Podemos optar desde rezar a la Virgen o a Sai Baba, como recomiendan algunos, hasta organizarnos militarmente para resolver la diatriba. He aquí donde los Jesuitas antes citados nos echan una mano con su sabia Doctrina. Es la propia Constitución la que nos da la vía del Tiranicidio entre las diferentes opciones, al no descartar expresamente ninguna de ellas.

Además, no tiene que limitarse al Tirano responsable. Obviamente, con el trabajan como cómplices, coautores y colaboradores de sus crímenes algunos grupos muy cercanos al poder. Y como es un mandato Constitucional, quienes lo lleven a cabo tienen exonerada su responsabilidad, y no tendrán que responder ni civil ni penalmente por los hechos que conlleven al restablecimiento constitucional.

Nosotros, que queremos llevar al Tirano y sus cómplices ante los tribunales y a la cárcel para que respondan por sus crímenes, esperamos llegar antes a que el Tiranicidio Constitucional se materialice, pues creemos que la Justicia siempre será la mejor lección que puede quedar para las futuras generaciones, pero no podemos obviar lo que ordena la Carta Magna.