JM Pinto Hurtado La Haya
El 6 de febrero de 2025, la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva que sacudió los cimientos del sistema judicial internacional: sanciones económicas y restricciones de visado contra quienes colaboren con el Tribunal Penal Internacional (TPI, conocido internacionalmente como CPI por sus siglas en francés). El detonante fue la emisión de órdenes de arresto contra líderes israelíes por crímenes vinculados a Gaza. Lo que comenzó como una medida contra jueces que investigaban a Israel, hoy amenaza con repercutir en América Latina y en casos como Venezuela I. Más allá del gesto político, lo que está en juego es mucho más profundo: la viabilidad de la CPI, la credibilidad de la justicia internacional y la confianza de las víctimas en todo el mundo.
La justicia internacional enfrenta su mayor prueba desde su creación.
De la diplomacia al apagón operativo
Las sanciones no se quedaron en el papel. Según reportes de AP News, al fiscal Karim Khan le congelaron cuentas bancarias en Reino Unido, Microsoft le canceló su correo institucional, y el personal con ciudadanía estadounidense fue advertido de que podría ser arrestado si pisa suelo norteamericano. Varias ONG suspendieron su cooperación por temor a represalias legales.
En Países Bajos, sede de la CPI, juristas y medios como NOS alertaron sobre el riesgo de un “apagón financiero” si los bancos europeos ceden ante las sanciones extraterritoriales de EE. UU. Expedientes clave —como el caso Sudán— están prácticamente paralizados.
Este colapso operativo no solo afecta al tribunal, sino a miles de víctimas que ven paralizada su esperanza de justicia.
Espionaje, coacción y descrédito: la cara oscura del conflicto
Para audiencias latinoamericanas, este punto es especialmente relevante. No se trata solo de sanciones económicas, sino de una campaña sistemática de presión directa contra fiscales de la CPI:
Caso Fatou Bensouda
La exfiscal fue objeto de una operación de inteligencia atribuida a agencias israelíes: seguimientos, grabaciones, amenazas veladas a su familia y campañas de descrédito para frenar la causa Palestina.
Caso Karim Khan
El fiscal actual ha enfrentado en este 2025 un escándalo por presunta conducta sexual inapropiada. Aunque negó los hechos y se apartó temporalmente, el episodio coincidió con las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, alimentando sospechas sobre una estrategia para minar la credibilidad del tribunal desde dentro.
Este “manual de presión” —que combina sanciones, hostigamiento personal y escándalos— busca torcer la justicia internacional fuera de sala, debilitando tanto al tribunal como la confianza de las víctimas.
Estas tácticas podrían replicarse en casos sensibles como Venezuela, donde la presión política ya ha intentado interferir en el proceso judicial.
El mensaje es claro: quien ose investigar a potencias o aliados estratégicos pagará un precio personal.
Europa responde, pero no sin fisuras
La Unión Europea expresó apoyo “inequívoco” a la CPI y evalúa reactivar el blocking statute, una herramienta jurídica para proteger a bancos y empresas europeas frente a sanciones extraterritoriales de EE. UU. Sin embargo, Hungría anunció su salida del tribunal y se negó a cooperar con las órdenes de arresto contra Netanyahu, marcando una grieta interna en el bloque.
La falta de cohesión europea debilita el frente multilateral y envía señales contradictorias al mundo.
La grieta en la UE no es menor: muestra cómo el apoyo a la CPI depende de intereses nacionales, incluso en un bloque que se presenta como pilar del multilateralismo.
Implicaciones geopolíticas y jurídicas
El pulso EE. UU.–CPI refleja la tensión entre soberanía nacional e instituciones internacionales.
Sin recursos financieros ni seguridad para su personal, la CPI corre el riesgo de volverse irrelevante.
El caso expone fracturas entre aliados occidentales y pone en duda la promesa de justicia global para víctimas de crímenes atroces.
Este precedente también pone en entredicho la viabilidad de otras cortes internacionales que dependen del respaldo político y financiero de los Estados.
¿Por qué esto importa en América Latina y la diáspora venezolana?
Precedente peligroso: Si fiscales internacionales pueden ser sancionados, vigilados o desacreditados, lo mismo puede ocurrir en investigaciones sobre Venezuela, Colombia o Centroamérica.
Confianza en riesgo: Víctimas y testigos en nuestra región podrían perder fe en la justicia internacional al ver cómo se neutraliza políticamente a la CPI.
Responsabilidad compartida: Para comunidades venezolanas en EE. UU., este debate revela que el acceso a la justicia no es automático, sino parte de una batalla geopolítica donde Washington y Europa marcan los límites.
Las comunidades latinoamericanas deben articularse para defender el acceso a la justicia como derecho universal.
Conclusión
La CPI está bajo presión como nunca antes. Lo que comenzó como una disputa jurídica se ha convertido en un pulso geopolítico que amenaza con desmantelar uno de los pilares del orden internacional: la rendición de cuentas por crímenes atroces.
La verdadera batalla no se libra en La Haya, sino en la decisión colectiva de los Estados y las sociedades: defender la justicia universal o permitir que se desvanezca bajo la presión del poder.
La justicia internacional no puede ser rehén del poder. Su defensa es tarea urgente de todos los que creen en los derechos humanos.
Fuentes consultadas
NOS: https://nos.nl/artikel/2567417-internationaal-strafhof-hard-geraakt-door-sancties-vs-ik-schrik-hiervan
NOS: https://nos.nl/artikel/2554834-trump-stelt-per-decreet-sancties-in-tegen-internationaal-strafhof
AP News: https://apnews.com/article/d826e69abfbedacef2b270ffe410610d
Washington Post: https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/05/16/karim-khan-international-criminal-court-putin-netanyahu
Wall Street Journal: https://www.wsj.com/world/middle-east/icc-netanyahu-prosecutor-sexual-assault-israel-gaza-d9bedee3
The Guardian: https://www.theguardian.com/world/article/2024/may/28/israeli-spy-chief-icc-prosecutor-war-crimes-inquiry
Reuters: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/trump-administration-imposes-new-sanctions-four-icc-judges-prosecutors-2025-08-20
