José Ignacio Moreno Leon
La década de 1960 se caracterizó en Venezuela por una convulsa situación política con intentos de golpe Estado, activa presencia de la guerrilla protagonizada por el FALN y el MIR, secuestros y violencia política y apoyo externo a la insurgencia, especialmente del régimen cubano. En esas circunstancias los intentos de Fidel Castro de exportar su régimen a nuestro país se concretaron desde el comienzo de su revolución comunista. Así, en Mayo 8 de 1967 un grupo guerrillero entrenado en la isla, con apoyo del gobierno del dictador cubano arribó al país con el propósito de incorporarse a los focos insurgentes que operaban en distintas regiones del territorio nacional. No se trataba de una invasión convencional, sino de una acción encubierta enmarcada en la estrategia de expansión revolucionaria que caracterizó a la Guerra Fría en América Latina.
El alcance político de este intento guerrillero era significativo: buscaba reforzar un movimiento armado que aspiraba a desestabilizar y eventualmente derrocar al gobierno democrático de Raúl Leoni. La operación fracasó rápidamente. Detectados por pobladores locales, los insurgentes venezolanos y cubanos fueron enfrentados por unidades del Ejército y la Guardia Nacional entre el 10 y el 11 de mayo. El saldo fue contundente: varios de los combatientes murieron y otros fueron capturados, lo que desarticuló por completo la incursión. En ese grupo de guerrilleros participaron,entre otros, los cubanos Manuel Gil Castellanos y Pedro Cabrera Torres, mientras que el venezolano Luben Petkoff vinculado a la guerrilla marxista sirvió como enlace con los grupos insurgentes internos, con el objetivo de vincularse con los grupos insurgentes locales de las FALN y el MIR. Esta misión no logró concretar un mando operativo en tierra porque el desembarco fue detectado y abatido muy rápido por nuestras Fuerzas Armadas.
Más allá de su dimensión militar —limitada en términos estrictos—, el episodio tuvo consecuencias políticas de gran calado. No se trataba de un hecho aislado, sino como parte del proceso de radicalización política en America Latina, bajo la influencia de la Revolución Cubana y en el contexto de la fragilidad de las democracias emergentes de la época.
Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Cuba y elevó una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos, en un contexto hemisférico marcado por la confrontación ideológica. Pero lo verdaderamente relevante de Machurucuto no reside solo en el fracaso de la incursión guerrillera, sino en lo que evidenció: la actuación de unas Fuerzas Armadas que respondían a una lógica institucional, alineadas con la defensa del orden constitucional y la soberanía nacional. En aquel momento, más allá de las tensiones propias de la época, la institución militar operó, fiel al mandato constitucional, como un componente del Estado democrático y no como instrumento de un proyecto político particular.
Como hemos señalado la década de los sesenta estuvo marcada en Venezuela por un conflicto interno complejo, en el que en la lucha contra la insurgencia cumplió un papel protagónico nuestro ejército y la Guardia Nacional. Sin embargo, reconocer matices no impide identificar diferencias sustanciales. La comparación con el presente surge casi de manera inevitable.
Hoy, el debate público gira en torno al papel de las Fuerzas Armadas en un contexto donde su subordinación a intereses políticos y el oscuro desempeño de varios oficiales superiores ha sido ampliamente señalado. En ese marco, recordar Machurucuto no es un ejercicio de nostalgia, sino una invitación a reflexionar sobre el tipo de institución militar que requiere una sociedad democrática. Porque, en última instancia, la estabilidad de un sistema político no depende únicamente de sus leyes o de sus líderes civiles, sino también de la existencia de instituciones capaces de actuar con autonomía relativa, rincipios éticos, sentido de Estado y apego a la legalidad.
Machurucuto, con todas sus limitaciones y particularidades, deja una lección que sigue vigente: hay momentos en que la diferencia entre la fragilidad y la defensa efectiva de la democracia radica en si las Fuerzas Armadas se comportan como un actor político más o como una verdadera institución republicana. Por ello el proceso de transición tutelada que en la actualidad se adelanta en Venezuela, con el objetivo final de rescatar la democracia, debe incluir además el rescate de la institución armada como organización republicana apegada al mandato constitucional de garantizar la independencia y soberanía de la nación y respaldar a la institucionalidad democrática.
