foto Archivo
Rosario Orellana Yépez
Análisis Libre
Se reconozca o no, en 1989 Carlos Andrés Pérez y su equipo ministerial -parte del cual ha resaltado a posteriori en el ámbito internacional- iniciaron el hasta hoy único intento de corrección estructural del Estado venezolano y de su relación con la ciudadanía. Ahí estuve, inesperadamente desde el primero hasta el precipitado último día (1), como parte del elenco, ubicada en sucesivos palcos algo inmersos en la actividad del escenario. Tempranísimo apareció la primera gran borrasca. Se juntaron factores de diversa índole tales como el movimiento antidemocrático tanto tiempo acechando a nivel subterráneo, con imprevisiones tácticas en el arranque aprovechados por el primero para producir el trágico “caracazo” (2).
A pesar de aquello, la mirada desde afuera valoró en positivo el drástico movimiento de timón que elevó el interés hacia Venezuela y su atractivo para invertir. Ello muy abonado, sin duda, por el vasto potencial de recursos naturales y la posición geoestratégica de nuestro territorio agregándose los ya entonces acumulados más de 30 años de democracia. El hecho es que comenzaron a llegar manifestaciones de voluntad para acordar convenios bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones (Los llamamos “los PPI”). Según mi memoria tiene registrado Moisés Naím, Ministro de Fomento en el estreno de ese periodo presidencial, dio personalmente los primeros pasos concretando el respectivo con Italia y celebrando una primera ronda de negociaciones con el Reino de los Países Bajos. Luego, Imelda Cisneros, su viceministro y sucesora en la cartera ministerial, en nombre del ministro y en el suyo me propuso dirigir las negociaciones para celebrar los PPI. En aquel momento trabajaba yo en el Gabinete del Canciller Reinaldo Figueredo. Acepté, con la anuencia de éste, luego de solventar su preferencia de esperar las conclusiones de la ronda Uruguay del GATT, en curso aquellos días.
Atendimos propuestas de cerca de 15 países, alternando las reuniones entre Caracas y las respectivas capitales. Por compromisos individuales el equipo tuvo varios relevos en el proceso. Uno de sus integrantes, el gratamente recordado Luis Herrera Marcano, respetado profesor y jurista internacional, en algún momento me propuso elaborar un modelo propio. Celebré su idea y tan pronto lo tuvimos listo lo enviamos a cada gobierno, entonces proponente, como parte de nuestra respuesta positiva para iniciar negociaciones. Fue utilizado para principiar tratativas aunque hubiésemos recibido el suyo. Para su elaboración tomamos en cuenta el texto discutido con el Reino de los Países Bajos y una serie de planteamientos modificatorios de parte nuestra, que había sido aceptada.
La dolorosa sombra del llamado “caracazo” me facilitó y contribuyó a considerar más que procedente la previsión de dotar a las inversiones auspiciadas y protegidas por cada PPI, de un mecanismo también internacional para la solución de posibles controversias derivadas. Es decir del arbitraje como fórmula independiente de las partes y de sus circunstancias internas sujetas a la posibilidad de impredecibles alteraciones.
Ya antes había comprobado la utilidad del recurso arbitral para dirimir posiciones contrapuestas vinculadas a alguna relación entre las partes. Por uno de esos giros imprevistos del devenir, había yo conducido en calidad de representante personal del árbitro único designado por las partes, quien no estaba presente en las deliberaciones, el arbitraje entre un país centroamericano y una empresa extranjera que habiendo explotado minas de oro concesionada por el gobierno anterior, había sido expropiada por el que estaba en ejercicio. Uno de los asesores en aquel arbitraje fue el reconocido abogado José Melich Orsini quien, según entiendo, intentó unos años más tarde una acción contra los PPI ante la Sala Constitucional de lo que fue la Corte Suprema de Justicia. A partir de aquella memorable vivencia cuyo convenio fue peculiar, cuando se hizo viable procuré ser incluida en la lista de árbitros del venezolano Centro de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y allí me mantengo.
El PPI que más presencia tiene entre los casos en curso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es el bilateral entre Venezuela y el Reino de los Países Bajos, uno de los pocos que logró culminar aquel equipo bajo mi dirección aunque intensificamos las negociaciones y ese fue el primero en ser ratificado por el sustituido Congreso Nacional a pesar del cuestionamiento por parte de varios diputados de la bancada opositora (3). Según recuerdo Luis Herrera Marcano fue quien redactó la explícita exposición de motivos de la ley aprobatoria. En el texto de ese primer PPI que obtuvo vigencia se previó que para los procesos arbitrales que surgieran mientras Venezuela no fuese parte del Convenio del CIADI se acudiría al Mecanismo Complementario del CIADI (MCC), mecanismo que, en breve, crea jurisdicción cuando una sola de las partes contratantes del PPI es signataria de dicho Convenio o es nacional de un Estado que lo es.
Luego, Venezuela se adhirió a la citada convención hasta que la denunció en julio de 2012, conforme al propio Convenio CIADI. A partir de allí, el regreso a aplicar el Reglamento el Mecanismo Complementario se hizo imperativo, salvo conformidad en contrario de ambas partes y hasta cumplirse los previstos 15 años posteriores al fin de vigencia del PPI. En este sentido, cualquier decisión arbitral que interprete lo opuesto, es decir que el MCC supuestamente no aplica después de que Venezuela denunció el Convenio CIADI sería errónea porque se divorciaría injustificadamente del objetivo de esa estipulación que, sin duda alguna, fue dotar a los inversionistas de un mecanismo de arbitraje internacional fuese Venezuela miembro o no del Convenio CIADI. Pretender obviarlo por decisión unilateral violentaría el espíritu y propósito del PPI que, tal como su nombre lo anuncia, su razón de ser fue estimular tales inversiones recíprocas ofreciéndoles protección y confianza. Sería también una vía sinuosa para evadir un compromiso asumido y contraria a la buena fe que es la base de todos los compromisos y de generación de confianza lo cual resultaría burlado.
Aquellos primeros PPI concuerdan con las aspiraciones del proyecto de rectificación estructural del Estado y de su relación con la ciudadanía, que fue su marco. Allí estuvo incluido impulsar la iniciativa privada creadora de fuentes de trabajo digno en la actividad productiva nacional de bienes y de servicios, al tiempo de fortalecer el Estado en el mejor cumplimiento de las atribuciones que sí le son propias. Y ambos de la mano cual las dos caras de una misma moneda, en beneficio de la nación entera. Hubo interés manifiesto de estimular inversiones extranjeras con deseable participación nacional incorporada para agilizar la transferencia de tecnología entre otros sanos propósitos. Y ello únicamente podía lograrse con seguridad jurídica estable. Según alguien con seguimiento profesional en la materia 1991 fue “el” año de repatriación de capitales venezolanos.
Específicamente en cuanto al PPI entre Venezuela y el Reino de los países Bajos, la sola inversión pública venezolana hacía obvia la conveniencia mutua de que las inversiones recíprocas contaran con un mecanismo neutral para la solución de discrepancias, es decir diferente de la jurisdicción nacional de una de las partes cual si fuera un convenio entre dos Estados, aunque se tratase de dirimir diferencias entre uno de los Estados signatarios receptor de una inversión y un inversionista privado nacional del otro Estado parte, por supuesto en los términos y condiciones acordados. Por lo que respecta a las inversiones privadas venezolanas, si bien el escenario de éstas en la Holanda continental europea puede lucir limitado y el caso cercano que conozco es considerable como algo excepcional, las tierras holandesas insulares les han sido fértiles por la larga e incluso histórica relación entre Venezuela y las Antillas Neerlandesas, influida por la cercanía.
Nótese que la facultad prevista en dicho PPI de excluirlas resultó con fundamento ya que el estatus de ser parte del territorio holandés ha variado. Hoy la relación ya no es para el conjunto idéntica a la que fue. Sin embargo, Holanda no hizo uso de esa prerrogativa durante el tiempo de vigencia del PPI.
Con los Estados Unidos de Norteamérica sostuvimos en Washington una única ronda porque exigieron simultaneidad que no aceptamos, de la negociación del PPI con un acuerdo para evitar la doble tributación.
La variación de mis responsabilidades dentro de la Cancillería me dio la oportunidad de solicitar entrevistas formales con mis homólogos y otros altos funcionarios del tren ministerial en las correspondientes capitales, para dialogar sobre lo que habíamos estado haciendo desde 1989 y sustentar con cifras y evidencias la solidez de nuestras expectativas de que a partir del año siguiente, 1992, los ya positivos efectos macro permearían a la integralidad de la nación y con ello comenzaría a percibirse con nitidez el fin de los sacrificios para tejer un mejor porvenir que las rectificaciones estructurales habían requerido, a pesar de programas sociales compensatorios.
En Dinamarca me dijeron en tono de reconocimiento: “nosotros estamos viendo la luz al final del túnel después de 12 años de haber aplicado un programa de reformas equivalente”. Quizá el intercambio de información en algo contribuyó para que al final de la primera ronda aceptaran nuestra posición en los puntos pendientes y firmáramos el PPI.
(1) Si se desea ampliar este punto leer de la misma autoría “CAP Último Día Presidente” en eastwestside.com
(2) Si se desea ampliar este punto leer de la misma autoría “El CARA ¿QUÉ? DE 1989” en eastwestside.com
(3) Entre ellos Alí Rodríguez Araque, andino venezolano. Líder guerrillero bajo el seudónimo Comandante Fausto quien luego de ocupar varios de los más altos cargos con H. Chávez y N. Maduro murió en noviembre de 2018 siendo Embajador en La Habana ante el castrocomunismo.
