Gabriel Boric dijo que Chile adoptará todas las medidas a su alcance para hacer que Venezuela coopere en el caso.
BBC News Mundo
El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este jueves que Chile enviará una “nota de protesta” a Venezuela por las declaraciones que dio el fiscal general de ese país, Tarek William Saab, sobre el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
Saab especuló que funcionarios chilenos y de otros países participaron en el secuestro y homicidio de Ojeda, quien era opositor al gobierno de Nicolás Maduro y vivía como refugiado político en Chile desde 2018.
“En esta operación, pueden haber participado cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros con intereses espurios”, afirmó.
Ojeda fue secuestrado en Santiago el 21 de febrero de 2024 y su cadáver fue hallado 10 días después dentro de una maleta enterrada bajo cemento. Desde entonces, opositores venezolanos denunciaron que los secuestradores eran agentes del gobierno de Maduro, algo que no se ha comprobado.
El 11 de abril, la Fiscalía chilena aseguró que el crimen “fue organizado por el Tren de Aragua”, que “se organizó desde Venezuela” y tuvo motivaciones políticas.
“Si analizamos todas las causas, la única línea investigativa que nos queda es la que estamos trabajando, y es que el perfil que tiene la víctima es político, ya que ha participado en acciones contra el gobierno de Venezuela”, agregó el fiscal Héctor Barros.
Chile le había concedido asilo político a Ojeda en 2023. XA ello se refirió el fiscal Saab en sus declaraciones de este miércoles. Dijo que efectivamente hubo una intención de politizar el asesinato, pero que no es la que “se ha estado barajando en los medios chilenos y que la Fiscalía chilena no ha querido desmentir ni corroborar”.
“Consideramos que el homicidio de Ojeda se trata de una operación de falsa bandera, una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela, justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento», afirmó.
El presidente chileno respondió a esas declaraciones diciendo que “la fiscalía y el ministerio público están llevando a cabo una investigación seria” al respecto y que, si la fiscalía venezolana tiene otros antecedentes, debe ponerlos a disposición de la fiscalía chilena.
“Los comentarios del fiscal venezolano dan cuenta efectivamente de que no hay una voluntad adecuada para poder resolver un caso que es tremendamente complejo”, señaló Boric.
En abril, el fiscal Barros indicó que se le había solicitado formalmente a Venezuela su cooperación para detener a dos ciudadanos venezolanos relacionados con el caso que se cree que están en suelo venezolano.
Esa petición la reiteró el subsecretario del Interior chileno Manuel Monsalve este miércoles tras las declaraciones de Saab.
“Lo que espera Chile es que Venezuela colabore, y colaborar significa colaborar con hechos, no solo con declaraciones, y en este caso los hechos que a nosotros nos interesan son la ubicación y la detención de las dos personas que ha solicitado la fiscalía. Esa colaboración todavía no se concreta”, dijo.
Una relación enrarecida
El reclamo de este jueves de Chile a Venezuela se da cuando la relación entre los dos países está deteriorada.
A inicios de abril, Chile llamó a consultas a su embajador en Caracas luego de que el canciller venezolano, Yván Gil, negara la existencia del Tren de Aragua.
“El Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente”, dijo.
Ante esto, el presidente Gabriel Boric expresó: “Las afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización”.
“Además, demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable”, agregó.
Saab, el fiscal general venezolano respondió a eso diciendo que el Tren de Aragua había sido “completamente desmantelado”.
A ese desacuerdo se sumó el caso de Ojeda, el exmilitar de oposición venezolano secuestrado y asesinado en Chile.
Inicialmente, el fiscal venezolano Tarek William Saab había mostrado voluntad de cooperar para encontrar y detener “inmediatamente” a los presuntos involucrados en el crimen de Ojeda que se encontraran en Venezuela.
Pero las declaraciones recientes de Saab en las que señaló que agentes de inteligencia chilenos pudieron haber participado en el crimen caldearon los ánimos nuevamente entre los dos países.
Ronald Ojeda protestando contra el gobierno de Maduro frente al Palacio de la Moneda de Santiago. X“Cuando se insulta, o se denigra, o se pone en cuestión a las instituciones de nuestro país, nosotros tenemos que responder con mucha claridad y firmeza, como lo ha hecho nuestro canciller, como lo estoy haciendo yo», dijo Boric este jueves.
El gobierno chileno también ha acusado al gobierno venezolano de no colaborar con la seguridad de la región en otros momentos.
Por ejemplo, cuando un ciudadano venezolano que tenía orden de expulsión de Chile fue uno de los responsables del asesinato en Santiago del teniente Emmanuel Sánchez Soto.
Según las autoridades, muchas órdenes de expulsión no se han podido concretar debido a la “débil” colaboración de Caracas.
En todo caso, por ahora el gobierno chileno descarta romper relaciones con Venezuela.
Quién era Ronald Ojeda
El cuerpo de Ronald Ojeda, secuestrado el 21 de febrero en Chile por sujetos que se hacían pasar por agentes de la policía, fue encontrado diez días después en una zanja de 1,4 metros de profundidad y bajo un bloque de cemento en Santiago.
Ojeda no era una persona de alto perfil, pero se volvió conocido cuando las autoridades venezolanas lo arrestaron en 2017 junto a otros tres militares por su presunta implicación en actos con “fines conspirativos y planificación de acciones terroristas”.
Los cuatro fueron imputados por los delitos de rebelión, instigación a la rebelión, motín y traición a la patria.
Ojeda se escapó de la cárcel en noviembre de 2017 durante un traslado y aseguró que había sido sometido a torturas.
El gobierno chileno le concedió asilo político en 2023.
